La "economía sumergida" impide que muchas mujeres accedan a empleos justos y equitativos, obligándolas a aceptar condiciones abusivas, sin contratos ni protección social. En España, se estima que el 18% del PIB proviene de la economía sumergida, con una mayoría de mujeres afectadas, especialmente empleadas del hogar, jornaleras, cuidadoras y limpiadoras. Lo informa la Iglesia por un trabajo decente