Bolaños no negociará con la Iglesia
Órgano mixto entre Iglesia y Estado
En la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, celebrada la pasada semana en Madrid, como no podía ser de otra manera, se abordaron diversas cuestiones de actualidad. Una de ellas, el Valle de los Caídos; la otra, los abusos sexuales.
Sobre el acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno respecto al futuro de la Comunidad Benedictina y de la Basílica del Valle de los Caídos informó el secretario general y portavoz de los obispos, monseñor García Magán, en la rueda de prensa posterior.
Presión del Ejecutivo
Y otra de las cuestiones que estuvieron sobre la mesa fue la presión a la que el Gobierno de Pedro Sánchez está sometiendo a los obispos para conseguir que participen en el organismo estatal que tiene previsto crear, destinado a indemnizar a las víctimas de la pederastia eclesial. Un organismo que se contempla en el Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos del Gobierno, presentado por Félix Bolaños.
En la rueda de prensa del viernes, en la que se hizo balance de la Plenaria, a preguntas de un periodista, el obispo portavoz señaló que “en ese diálogo que hay abierto con el Gobierno sobre el tema de esa reparación a los casos que no son judiciables, hay una línea abierta de diálogo con el Gobierno y la posibilidad, que se ha puesto encima de la mesa, y que en principio ha sido acogida por el Gobierno -es lo que decía el presidente en su discurso inaugural-, para que la oficina del Defensor del Pueblo pudiera servir de cauce de ese diálogo, para ofrecer una instancia a la que pudieran recurrir esas personas que no pueden tener una reparación vía judicial. Los extremos de esa colaboración y el cómo están toda vía por decidir. Estamos en proceso de negociación”.
Un órdago del Gobierno
En otro momento de la rueda de prensa, el periodista de “El País” preguntó al secretario general si los obispos colaborarían con un posible fondo nacional para indemnizar a las víctimas impulsado por el Congreso de los Diputados.
“Mire usted, -contestó monseñor García Magán-, no solamente es que colaboramos; de hecho ya estamos reparando. (…) En el caso de que no pueda haber sentencia, hemos asumido voluntariamente, una obligación voluntaria, moral vinculante. La Comisión de Reparación integral ya está trabajando y reparando”.
Religión Confidencial ha podido saber de fuentes conocedoras de la negociación que el Gobierno está presionado con fuerza a la Iglesia con una especie de órdago.
Argüello, Bolaños y García Magán (Imagen de archivo).
Bolaños no negociará con la Iglesia
De hecho, el ministro Félix Bolaños ha hecho llegar a los obispos que no abordará ninguna otra cuestión con la Iglesia hasta que no se resuelvan, por un lado, lo referido al Valle de los Caídos -sobre la que ya existe un acuerdo inicial-, y, por otro, la participación de la Iglesia en la iniciativa estatal de reparación de las víctimas.
Respecto a este segundo aspecto, según las fuentes consultadas, lo decidido en la Plenaria de la Conferencia Episcopal ha sido recordarle al Gobierno que la Iglesia católica en España, tanto la Conferencia Episcopal como los religiosos a través de la CONFER, ya tiene su organismo propio de reparación integral de las víctimas sin la posibilidad de un proceso civil o judicial, el PRIVA.
Se trata de un organismo autónomo en su funcionamiento, del que, sin embargo, aún no se ha informado a la opinión pública sobre sus trabajos iniciales.
Comisión de seguimiento
La negativa de la Iglesia a participar en cualquier organismo del Estado de reparación de las víctimas supondría no colaborar con lo dispuesto unilateralmente por el Gobierno en el Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, que el pasado 23 de abril de 2024, hace ahora casi un año, presentó el ministro Félix Bolaños.
En ese Plan se prevé la creación de una Comisión de seguimiento, encargada de garantizar la correcta evaluación y ejecución de todas las medidas y de impulsar, según se dijo entonces, la coordinación necesaria para ello con la Iglesia católica.
Con ese Plan presentado hace un año, el Gobierno decía que quería dar respuesta al informe elaborado por la comisión independiente que el Congreso le encomendó crear al Defensor del Pueblo en marzo de 2022, con el objetivo de estudiar las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos ante esta situación.
Órgano mixto entre Iglesia y Estado
Posteriormente, el 8 de julio de 2024, después de la reunión del ministro Félix Bolaños con las víctimas de la pederastia, este declaró que el Gobierno no aceptará “en ninguna circunstancia” un sistema unilateral como el propuesto por los obispos insistiendo en que es necesaria la creación de un órgano mixto entre Iglesia y Estado.
De momento los obispos españoles le recuerdan al Gobierno de Pedro Sánchez la famosa sentencia escolástica que se atribuye a Guillermo de Ockham: “Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem”. “No es necesario multiplicar los entes sin necesidad”.