El abogado de la mujer exmiembro ha solicitado que se llame a declarar al prelado del Opus Dei, monseñor Fernando Ocáriz, con la intención de involucrarle en el caso.
La solicitud, hecha pública inicialmente a través de un medio de comunicación, tiene la finalidad de que la justicia argentina considere al prelado del Opus Dei como parte del proceso.
Lawfare
Por lo tanto, en un ejercicio claro de “lawfare”, busca se le cite a declarar para posteriormente calificarle, en términos del derecho español, como investigado o procesado en un supuesto caso de “tráfico de personas”.
Esta operación, que pretende la proliferación de titulares en la prensa internacional con dos elementos, Prelado del Opus Dei y tráfico de personas, responde a una estrategia mediática engañosa, sostenida en el tiempo y que desde el inicio “ha intentado tergiversar los fines de una investigación penal con la finalidad de una reclamación laboral económica”, según un comunicado del Opus Dei hecho público hace pocas horas.
Instrumentalización
La voluntad de implicar en la causa al Prelado del Opus Dei, una persona que no tiene ninguna relación con lo que se dilucida, implica una “instrumentalización y tergiversación del procedimiento penal” con la finalidad de “amplificar el impacto en la opinión pública y ejercer presión sobre el sistema de justicia”, según el comunicado de la prelatura.
Es un paso más respecto a lo que ocurrió con la solicitud, ya tramitada pero hasta el presente no ejecutada por la justicia argentina, de que declarara el Vicario auxiliar del Opus Dei, el argentino monseñor Mariano Fazio, que en su momento fue Vicario en Argentina. La citación a los máximos responsables de esta institución de la Iglesia se ha hecho con un notable e intencional “despliegue mediático orquestado”.
Medios internacionales
Esta nueva petición, que pretende implicar mediáticamente al prelado del Opus Dei, se realiza sin fundamento jurídico alguno, sólo de cara a que aparezca en los titulares y en las informaciones de los medios de comunicación internacionales como relacionado con el caso.
Sólo es posible por la singularidad de los procesos penales en Argentina, que no son equiparables ni por analogía a los sistemas judiciales de otros países. En ese país se produce una especie de juicio antes del juicio con unos actores judiciales protagonistas de la primera intervención, los fiscales.
Esta nueva operación mediática representa una utilización del fuero penal, que tiene por su naturaleza el deber de investigar los delitos y la búsqueda de la justicia.
Un objetivo económico
La estrategia del abogado de la demandante parte del hecho de que en el momento en el que aparezca en los medios de comunicación la noticia se puedan utilizar estas informaciones para apoyar su solicitud. Es obvio que detrás de este proceso hay un objetivo de carácter económico, además de un daño reputacional a la Prelatura en un mundo en el que la información está globalizada.
Esta declaración del abogado que ha soltado a los medios se hace, además, en un momento en el que en este hemisferio las noticias escasean, con lo que tiene la pretensión de convertirse en una “serpiente de verano” que trascienda lo local y que aunque no tendría por sí misma más recorrido así se amplifica.
Reclamación laboral
El caso que ahora da un paso más en el escenario mediático comenzó no en los tribunales sino en los medios de comunicación de Argentina cuando la mujer exmiembro del Opus Dei reclamó que no se le había satisfecho sus reivindicaciones de carácter laboral por los años que había trabajado en labores apostólicas en la Prelatura.
Según la demandante, su reclamación económico civil de daños y perjuicios se transformó, en agosto de 2024, en una acusación de una persona que afirma haber sido víctima del delito de “trata de personas” por el hecho de que se trasladó de Argentina a Roma a realizar sus labores apostólicas.
Si este procedimiento se sustanciara en el proceso judicial penal, se asentaría un peligroso precedente para los casos de denuncias de abusos, de diversa naturaleza, en instituciones religiosas con la finalidad de implicar a los máximos responsables. Por ejemplo, el Superior o la Superiora General de una Congregación o Instituto religioso masculino o femenino.
Para construir esta denuncia, en su argumentación se utiliza una estrategia discursiva de descontextualización completa de la vocación que eligen libremente las numerarias auxiliares del Opus Dei.
Este nuevo paso no ha llegado aún al ámbito judicial. El Opus Dei considera que “es fundamental preservar la seriedad institucional de la Justicia y garantizar que los trámites se desarrollen con objetividad, sin presiones externas y con pleno respeto al principio de presunción de inocencia”.
La prelatura del Opus Dei insiste en su disposición plena a colaborar con las autoridades judiciales, confiando en que la verdad prevalecerá.
43 mujeres
La historia de este proceso es la siguiente. En septiembre de 2020, un abogado se presentó ante la prelatura afirmando representar a 43 mujeres que fueron numerarias auxiliares del Opus Dei, y reclamó la regularización de sus contribuciones al sistema de seguridad social del país, en orden a la pensión de jubilación y otros beneficios sociales.
El abogado fue recibido y escuchado por las autoridades de la prelatura, pero la escasa información suministrada por el abogado no resultó suficiente para analizar la situación previsional de cada persona.
En septiembre de 2022, el abogado querellante presentó una denuncia ante la procuraduría especializada en trata y explotación de personas (Protex) en Argentina, aportando como prueba fotocopias de las apariciones en la prensa de algunas mujeres que habían sido miembros del Opus Dei. Posteriormente, los fiscales a cargo de la Protex efectuaron la denuncia formal en el ámbito judicial penal en junio de 2023.
El juez federal, que recibió la denuncia, delegó la investigación en la fiscalía correspondiente. Después de realizar ciertas investigaciones, la fiscalía presentó al juez en agosto de 2024 el resultado de sus pesquisas, que se publicó en la prensa en septiembre de ese mismo año.
Cuatro vicarios
Los fiscales solicitaron al juez en 2024 que se citara a prestar declaración a varias autoridades de la prelatura en Argentina. En concreto fueron citados cuatro sacerdotes que fueron vicarios del Opus Dei en ese país a lo largo de tres décadas, argumentando que tendrían responsabilidad en los supuestos hechos en consideración a su cargo. Hasta ahora el juez no los ha llamado para tomarles declaración.
En 2025 la parte demandante amplió la solicitud a otro anterior vicario regional, Mons. Mariano Fazio, actual vicario auxiliar de la prelatura, residente en Roma.
En este momento el juez no ha imputado aún delito alguno. Lo que existe es una solicitud de los fiscales para que el juez del caso convoque a determinadas personas para escuchar su versión sobre los hechos. Sin embargo, el juez aún no ha resuelto si dará lugar o no a esa solicitud, ni ha decidido a quiénes citará, en el caso en el que lo haga.